co-autor: Daniel Hojman
El lucro en educación es el tema más candente del conflicto estudiantil. El Senado aprobó recientemente la idea de legislar sobre el fin a los subsidios a colegios con fines de lucro con votos opositores y de dos senadores RN. Han surgido posturas de defensa del statu quo. Se nos alarma con que “terminar con el lucro dejaría a un millón de niños sin educación”. Este argumento contrasta con el escudo “lo que importa es la calidad” que usó el gobierno para esquivar este debate. No es casual.
La evidencia nacional e internacional sugiere que el lucro no está asociado ni con mejores índices de calidad tipo SIMCE, ni con innovaciones en métodos educativos. Hay evidencia que estos colegios son propensos a excluir a niños más costosos de educar: con dificultades de aprendizaje, en riesgo social y de hogares vulnerables. Existe una discusión interesante, pero a nuestro juicio no resuelta, respecto del rol que podrían jugar en la provisión de opciones educativas (excluyentes en sí, pero diversas). Pero la evidencia predominante sugiere que el lucro no aumenta la calidad de enseñanza y tiende a inducir segregación escolar (ver una revisión detallada en TIPS No.10 del Dep. de Economía de la U. de Chile). No sorprende entonces que la calidad no se use ya para defender el lucro.
Es lo que hay
Para muchos especialistas lo ideal sería que no existiera lucro en los colegios, pero titubean al pensar en los detalles prácticos de la transición involucrada. Preguntan ¿qué de los chicos de colegios con lucro que cerrarían a medida que se aprietan estándares, subsidios y condiciones?
En realidad, la posibilidad que un colegio subvencionado cierre existe, se acabe o no con el lucro. Si un colegio de estos cierra porque el negocio empeora ¿es legítimo que venda o use en otro giro inmuebles financiados con subsidios? ¿Quién se hace cargo de los estudiantes? En el caso de los servicios de aguas, la infraestructura no puede ser usada para otros fines e incumplimientos derivan en intervención estatal. ¿Qué pasa con los colegios?
La nueva ley de aseguramiento de la calidad –de reglamentos todavía inexistentes- establece que un colegio sub-estándar será intervenido por MINEDUC con un plan de rescate y opción de cierre si no hay mejoría. Se desconoce el procedimiento, pero si el colegio atiende a muchos alumnos, la amenaza de cierre no es creíble. Por ende, los incentivos a mejorar son débiles salvo que exista un mecanismo claro de intervención.
Los problemas de regulación pueden agravarse sin oferta pública. En Alto Hospicio hay un liceo municipal y quince subvencionados con lucro. ¿Y si una corporación o secta religiosa los compra todos? ¿Qué poder de negociación tienen los apoderados y el Estado para garantizar cobertura, calidad y neutralidad religiosa?
La cura holandesa
El debate sobre el lucro escolar ilustra la extrema desregulación de los mercados educativos chilenos, tal como ha argumentado Patricio Meller en su reciente libro sobre educación superior. La ausencia de regulación en estos mercados reduce los incentivos a competir vía calidad en el aula, la que es costosa de medir y evaluar por los apoderados. En cambio la publicidad, el status social de pares, los uniformes e infraestructura si son visibles. El resultado es aranceles más caros, además de subsidios y copagos desenfocados de la calidad. Mucho gasto en imagen, poco en contenido.
Es urgente dotar al Estado de herramientas regulatorias que hagan creíble y efectiva su acción a favor de la calidad en equidad.
Primero, la regulación de colegios subvencionados debe transitar hacia un sistema de concesiones que faculten al Estado no solo a intervenir o cerrar colegios de mala calidad sino también –si se requiere- a mantenerlos abiertos cuando los sostenedores los quieren cerrar. Es el modelo que sigue Holanda -nada menos- y es común en muchos servicios regulados en Chile. En las autopistas hay protocolos para terminar con concesiones y transitar hacia nuevas con continuidad de servicio.
Segundo, las incertidumbres de cobertura asociadas a vaivenes en la rentabilidad del negocio y el riesgo de concentración local hacen necesario un pilar de educación pública accesible, gratuita y de calidad con alta cobertura en cada comuna. Aquí un referente regulatorio es el Banco Estado que ha permitido acceso a la banca a sectores ignorados por el mercado o en momentos de ausencia del crédito privado.
Finalmente, existen establecimientos que reinvierten sus excedentes pero bajo figura de fin de lucro por la flexibilidad que les da en contratos y acceso a crédito. Es necesario dimensionar este fenómeno y establecer formas jurídicas sin lucro que lo sinceren.
Tres niños de Renca
Hace poco un estudiante de la Chile contó la historia de tres amigos que estudiaban en escuelas particular-subvencionados de Renca. La escuela de uno de ellos cerró a medio año mientras cursaba séptimo. El muchacho nunca volvió al colegio y terminó en la pasta-base. Otro fue a una escuela que ni siquiera pagaba regularmente a sus profesores, que cerró, y luego volvió a abrir con otro nombre pero prácticas idénticas mientras el dueño ostentaba su riqueza. Este niño tampoco terminó el colegio. El tercer joven tuvo suerte con el colegio, y orgulloso de su raigambre popular, estudia en nuestra facultad. Se siente el sobreviviente de una cruel ruleta. Los desafíos regulatorios no son imaginarios. Someter a nuestros niños a los vaivenes de la “destrucción creativa” del emprendimiento desregulado es ética y pedagógicamente inaceptable; aún más si hay recursos del Estado de por medio.
El lucro no mejora la calidad de la enseñanza y tiende a incentivar la segregación. Hay un costo regulatorio tanto de terminar como de mantener el lucro y no es descartable que la regulación más costo-efectiva para garantizar educación de calidad sea transitar a un sistema sin fin de lucro. Si aumentan los dineros y estándares asociados en la educación, la intervención de colegios será cada vez más frecuente. Los desafíos regulatorios son significativos y evidentes. Más vale que los abordemos de una buena vez.
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